El bloque de senadores provinciales Lealtad-PJ que preside Alcides Calvo manifestó su preocupación por la aprobación en el Senado de un proyecto que constituye una intromisión en el accionar de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y en consecuencia un avasallamiento del Poder Legislativo al Poder Judicial en su conjunto.

El proyecto fue aprobado mientras los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra avanzan en una investigación sobre una banda criminal dedicada al juego clandestino en el sur de la provincia de Santa Fe que generó un escándalo político porque se incluyó dentro de la organización delictiva al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri.

Incluso, en un intento por imputar al legislador, los fiscales brindaron un informe en la Legislatura y solicitaron el desafuero de Traferri. Pero el pedido fue rechazado.

El comunicado firmado por senadores Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufmann expresa que “el MPA cuenta con sus propios sistemas de control, que fueron modificados en diversas oportunidades. De ello se desprende por un lado las facultades de control que tiene asignada la Comisión de Acuerdos mediante la Ley Nº 13.865. Y por otro que aún está pendiente la resolución de nuestra Corte Suprema de Justicia provincial respecto a la constitucionalidad de dicha norma. Dentro de las funciones que se le asigna a la Comisión en el artículo 6 se encuentran similitudes con las que ya le son asignadas en la Ley Orgánica del MPA a la Auditoría General de Gestión. En particular en el primer inciso se puede notar una clara intromisión no solo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto ya que los senadores podrían conocer el estado de las causas judiciales en trámite y requerir copia certificadas de las mismas”.

El texto añade que “en el segundo inciso se faculta a la Comisión a recibir pruebas y denuncias ante hechos que son objeto de investigación, convirtiendo a dicha Comisión en una especie de organismo judicial paralelo, algo inédito en la historia argentina. Y en el tercer inciso se agrega la posibilidad de recibir declaración testimonial.”

“La dirección de investigación penal por nuestro Código Procesal Penal está en cabeza de los fiscales. Ellos están sometidos a un régimen de control que, como bien se ha dicho, ha variado para llegar a tener en el presente a la Comisión de Acuerdos y a la Auditoría General de Gestión del MPA como órganos que observan la actuación de los fiscales. E incluso cuentan con un sistema interno de faltas leves. A todo ese esquema que hoy se encuentra cuestionado por otro Poder, en cuanto a su constitucionalidad y convencionalidad, el inciso f) suma esta nueva Comisión para interpelar y solicitar informes a quienes ejercen controles tanto internos como externos. Es decir, lejos de aclarar y mejorar el sistema de pesos y contrapesos de los poderes se lo estaría avasallando” finaliza el comunicado.