Hace cuatro años dos fiscales de Rosario fueron desplazados de sus cargos cuando tenían la investigación de causas penales económicas contra cuatro senadores provinciales santafesinos. A dos meses de la radicación de esas causas penales la Legislatura de Santa Fe, con dos leyes sucesivas, se otorgó la facultad de estar al frente de procesos disciplinarios contra los fiscales provinciales de primera instancia, lo que era facultad del Poder Judicial. Uno de los fiscales que debía investigar a los senadores, Sebastián Narvaja, fue denunciado penalmente. La causa fue archivada por falta de delito. Una camarista laboral dijo al declararla inconstitucional que esa ley, votada por unanimidad, implicaba el control político de senadores y diputados sobre otro poder del Estado.

El año pasado dos fiscales que investigaban el juego ilegal en toda la provincia establecieron que ese delito multimillonario tenía la protección del fiscal regional de Rosario, que está preso hace seis meses por eso. Casi a fin de año sostuvieron haber detectado con prueba que ellos dicen contundente que este negocio tenía una columna en la política y pidieron por ello llevar a un senador provincial a una audiencia pública para acusarlo. Fueron al Senado a explicar por qué debían levantarle los fueros pero la mayoría rechazó el desafuero porque los argumentos, dijeron, no los convencían. Dos meses después de que esto pasara, el mismo Senado aprobó por mayoría, el jueves pasado, crear una comisión cuyo propósito es investigar a los fiscales que no dan respuesta a la comunidad en sus causas.

Las dos veces

La hipercitada frase de Marx del 18 Brumario en Santa Fe podría ser reformulada. No es que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. En este caso las dos veces fue sainete. Los senadores apenas rozados ante investigaciones incipientes saltan el laberinto y cavan una zanja para que no los toquen. Las dos veces Armando Traferri, senador por el departamento San Lorenzo, estuvo en el rol protagónico. La primera al ser impulsor del régimen disciplinario a los fiscales. La segunda porque la comisión creada para investigar fiscales sale, sin modificar ninguna ley, cuando dos de ellos piden imputarlo como organizador de juego clandestino. La Fiscalía Regional de Rosario ya emitió una circular para que los fiscales no respondan. Y los jueces de la provincia ya la criticaron.

No todos los senadores actuaron igual. El justicialista Ricardo Kauffman, decano de los legisladores provinciales, durante la sesión en que se pidió el desafuero de Traferri dijo con delicadeza que el Senado no estaba llamado a abrir ningún juicio sobre la conducta de quien aludió como un apreciado colega. Pero que sí era tarea del cuerpo, por una cuestión de equidad, habilitar a que un legislador expusiera sus argumentos ante un juez imparcial que en definitiva valoraría. Eso no significaba mandar al muere a un compañero de bancada, dijo, sino ponerlo en igualdad de condiciones con todos los ciudadanos de la provincia. En una causa que no parecía una liviandad porque tenía nada menos que al fiscal regional de Rosario preso.

¿Es que los fiscales deben ser intocables? De ninguna manera. Pero ya acudieron a la Legislatura varios y todos ellos con legajos acusatorios abiertos por la auditoría del Ministerio Público de Acusación. Es curioso o algo cínico que para fundamentar la necesidad de crear la comisión contra los fiscales por los problemas del MPA invocan como causa paradigmática la que echó al fiscal regional Patricio Serjal. Precisamente es el mismo legajo donde se está evitando presentar ante un tribunal a un senador a acusado de corrupción. Y no ante los medios sino en audiencias judiciales donde para aludir a los roles de otros acusados de la asociación ilícita debió ser descripto el rol atribuido a Traferri.

Estas reiteraciones en Santa Fe expresan una guerra de intereses que tiene trabada la gobernabilidad. Y es una disputa que terminará dirimiendo casi con certeza la Corte Suprema Nacional. “Respetamos los fueros parlamentarios porque son sumamente importantes. Pero en ninguna provincia argentina, y en el Estado federal tampoco, existe una legislación como la nuestra. En Santa Fe no se puede imputar o acusar a un legislador, y eso es algo inédito”, sostuvo el fiscal Schiappa Pietra, que para poder acusar a Traferri pidió la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal que otorga inmunidad a diputados y senadores e impide que sean citados a declaración indagatoria si la Legislatura no les suspende los fueros.

La situación es de locos. Si en vez de Traferri el acusado por el mismo delito fuera un senador nacional _Carlos Reutemann, Marilín Sacnún o Roberto Mirabella_ terminaría delante de un juez. Una cosa es que no puedan ir presos. Otra que no se los pueda investigar. Es un principio que destroza el sentido común. El escándalo de las coimas de 2000, cuando hubo pagos de Fernando de la Rúa a senadores del PJ para aprobar la conocida como ley Banelco, promovió una norma que estableció que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, pero sí puede avanzar en el resto del proceso judicial. Por eso políticos tan dispares como Cristina Kirchner o Fernando Iglesias hoy están imputados en trámites abiertos en los que deben presentarse.

La Corte Nacional mira

Tan de Rafaela como el gobernador Omar Perotti, el ministro de la Corte nacional Ricardo Lorenzetti está no solo interesado en este asunto sino que lo sigue en sus novedades paso a paso. La Corte Suprema provincial estará en un brete si dice que no se puede investigar a un legislador provincial. Quizá más que de Santa Fe, el de Traferri es un problema de la Nación. El Estado nacional es responsable por el incumplimiento de normas internacionales. El hecho en el que Traferri se niega a una imputación es un caso de corrupción y de crimen organizado. En ambas materias el país asumió el compromiso de investigar incluso modificando legislación interna. Si Santa Fe como provincia ratifica la norma que impide investigar a un senador el que va a estar incurso en una ilegalidad es el Estado nacional.

Como en la Roma Antigua, donde los centuriones se ponían alrededor del César para que no lo agredieran, el Senado protege a Traferri con un privilegio que no tiene nadie. No se trata de los fueros, que deben existir, sino de impedir que se revise si tiene o no tiene mérito frente a la acusación de un delito. La manera cristalina de defender esa desigualdad profundiza la crisis de legitimidad de un Senado que forma una comisión por la falta de respuesta ante los delitos, pero que frente a los detalles de uno cometido por un par se abraza con él para que no lo perturben. Como si la sociedad que los votó fuera un decorado. Vidrio, cartón y aserrín.

El tironeo a la vice

Traferri hizo saber que el jueves el Senado votó una resolución habilitando a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, presidenta del cuerpo, a pedirle al juez que estuvo en las audiencias donde se trató el caso que lo implica, con él ausente, que cierre las actuaciones en su contra. El día que se votó el rechazo a su desafuero Traferri le dejó explícitamente claro en la sesión a Rodenas que le debía al Nuevo Espacio Santafesino, el bloque que él comanda, estar sentada donde estaba. El combate frontal entre Traferri y Perotti descoyunta a la vicemandataria. Si efectivamente ella hizo lo que le pidió Traferri, dicen en la Casa Gris, habría quedado involucrada en un hecho atípico como ex jueza: indicarle desde otro poder a un magistrado lo que tiene que hacer.

Que la situación sea bizarra no implica que no sea un nuevo desmedro para las rutinas democráticas. Los que despotrican contra la antipolítica tienen la oportunidad de poner energía para evitar su desprestigio. Los silencios hablan acá. Es llamativo que los referentes más importantes de la provincia no expresen en forma rotunda sus posiciones, quizá para no afectar esas alianzas coyunturales con algunos sectores minoritarios que pescan en río revuelto. Parece tiempo oportuno para que se pronuncien la conducción política de los fiscales, los ministros del Ejecutivo, los legisladores opositores, el gobernador, los jueces. En la ocasión de expresar el antagonismo que vale la pena buena parte de la política calla. Nunca como en momentos como estos, por acción o por sigilo, se transparenta quién es quien.

Por Hernán Lascano para La Capital